Delaware enfrenta un momento crítico para la industria de la venta directa. El proyecto de ley House Bill 162 fue aprobado recientemente por la Cámara de Representantes estatal, y ahora se dirige al Senado, donde la lucha será aún más intensa. Esta legislación, aunque presentada bajo el argumento de proteger al consumidor, amenaza directamente la estabilidad de miles de emprendedores que dependen de la venta directa como fuente flexible y realista de ingresos.
La industria de la venta directa en Estados Unidos, y en particular en Delaware, enfrenta una presión regulatoria creciente. La ley HB 162 introduce medidas que, aunque bien intencionadas, podrían tener consecuencias negativas para los distribuidores independientes. Entre ellas se incluyen un mandato de recompra del 90% sin umbral mínimo, una ventana de cancelación incondicional de contratos de compra de tres meses, y exigencias de divulgación de ingresos que pueden ser fácilmente malinterpretadas fuera de contexto.
Estas disposiciones, lejos de fortalecer al consumidor, podrían limitar la capacidad de los vendedores para iniciar o desarrollar sus negocios. La obligación de recompra, por ejemplo, desincentiva la oferta de kits de inicio accesibles, haciendo más difícil que nuevos emprendedores den su primer paso. Asimismo, la inestabilidad provocada por un extenso periodo de cancelación puede frenar el crecimiento de equipos de negocio y los procesos de avance de los distribuidores.
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Lo más preocupante es que estas regulaciones se aplican en un entorno donde ya existen mecanismos eficaces de autorregulación. El Código de Ética de la Asociación de Venta Directa (DSA, por sus siglas en inglés) garantiza transparencia y equidad, mientras que el Direct Selling Self-Regulatory Council (DSSRC) ha revisado miles de casos y trabajado de manera activa con los reguladores para corregir irregularidades, demostrando un compromiso real con la protección al consumidor.
Por ello, la comunidad de venta directa en Delaware está movilizándose. Se ha lanzado la campaña WeAreDirectSelling.com/Delaware para que los distribuidores locales puedan enviar cartas a sus senadores estatales con un solo clic. Además, se están organizando días de acción presenciales y se están identificando líderes dentro del estado que puedan alzar la voz en audiencias, medios y foros comunitarios.
Las personas afectadas no son víctimas pasivas: son emprendedores, cuidadores, jubilados, cónyuges de militares y ciudadanos que valoran la flexibilidad laboral. Ellos han elegido la venta directa como una herramienta de desarrollo personal y económico. Imponerles obstáculos bajo el pretexto de protegerlos solo limita sus oportunidades.
La próxima cita clave es el 24 de junio, cuando el comité del Senado sobre Banca, Negocios, Seguros y Tecnología evaluará el proyecto. Si es aprobado, La HB 162 podría llegar al pleno del Senado tan pronto como el 30 de junio, último día de sesiones. El tiempo para actuar, según la DSA de los Estados Unidos, es ahora.
La industria de la venta directa hace un llamado a todas las empresas del sector con presencia en Delaware. Es crucial preparar a los distribuidores locales, involucrar a sus comunidades, y contactar a los legisladores. Solo una coalición visible y comprometida podrá garantizar que la voz de quienes construyen esta industria sea escuchada y considerada en las decisiones que moldearán su futuro.
Con información de Direct Selling News
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