La Ley de Protección del Derecho a Organizar (PRO, por sus siglas en inglés), que recientemente fue aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ha recibido tanto elogios como duras críticas. La legislación polarizante, que los críticos ven como un intento de socavar la condición de contratista independiente de los empresarios autónomos, ha creado incertidumbre dentro de la industria.
Dentro de la Ley PRO está la prueba ABC, que se ha incluido supuestamente para proyectar una red más amplia e inclusiva para aquellos que quieran afiliarse a un sindicato, pero implícita en esta acción estaría clasificar a muchos contratistas independientes como empleados.
Si bien esto beneficiaría a los contratistas independientes que se han mantenido fuera de las listas de empleados en beneficio del empleador, que disfruta de menores costos comerciales y menos impuestos al transferir esas responsabilidades al trabajador, aquellos que disfrutan de la flexibilidad y libertad del trabajo por contrato independiente podrían ser potencialmente agrupados en esta acción también.
La Asociación de Venta Directa presentó un escrito amicus ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y está trabajando en Capitol Hill para asegurarse de que los tribunales comprendan las implicaciones de estas acciones legislativas.
Vía | Direct Selling News
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