La Asociación de Venta Directa de Estados Unidos (DSA) reunió a 105 personas en el Capitolio para pedir a los legisladores que protejan el derecho a trabajar como vendedor independiente. De los asistentes, 87 eran vendedores directos que explicaron en primera persona por qué eligieron ese modelo antes que un empleo tradicional. En conjunto representaban a 15 empresas, 26 estados y 59 distritos electorales.
El eje de la jornada fue el proyecto HR 3495, la Ley de Armonización del Vendedor Directo y el Agente Inmobiliario. La norma busca alinear el trato que la Ley de Normas Laborales Justas da a los vendedores directos con la clasificación que ya tienen en el código tributario federal. En la práctica, aclara que un vendedor independiente no es un empleado a efectos laborales, la zona gris que más pleitos genera para el sector. El proyecto ya pasó por el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara, y los delegados pidieron ayuda para llevarlo a una votación en el pleno.
Los asistentes también invitaron a los legisladores a sumarse al Congressional Direct Selling Caucus, un grupo bipartidista pensado para que cada representante conozca a los vendedores directos de su distrito.
«En todo el país ya se están tomando decisiones sobre el trabajo independiente. Lo que se decide ahora es si las personas seguirán teniendo el derecho a elegir la independencia», dijo Dave Grimaldi, director ejecutivo de la DSA.
La cifra que la asociación puso sobre la mesa dimensiona el debate. Según el estudio de crecimiento y perspectivas 2026 de la Direct Selling Education Foundation, en Estados Unidos hay 5,2 millones de vendedores directos, a tiempo completo y parcial, que generan 34.200 millones de dólares en ventas al menudeo. El estatus legal de esa fuerza de trabajo es el que la industria quiere blindar antes de que la regulación laboral avance por otras vías.
Adaptado del artículo «DSA 2026 Direct Selling Day on Capitol Hill Advocates for Worker Independence» publicado originalmente en Direct Selling News.
