Un proyecto de ley de Delaware que habría impuesto a la venta directa las obligaciones más duras del país quedó detenido en comité en julio de 2026, tras meses de negociación entre legisladores y la Asociación de Venta Directa de Estados Unidos (DSA). El resultado, según relató Direct Selling News el 8 de julio, dejó un canal de diálogo abierto sobre cómo reforzar la protección al consumidor sin frenar la actividad.
La House Bill 162 había avanzado en junio de 2025 con un voto de 27 a 11 en la Cámara de Delaware. En su versión inicial planteaba requisitos que no existen en ningún otro estado del país: obligaciones de divulgación inéditas, un plazo de retracto de tres meses frente a la regla habitual de tres días, y una recompra del 90% del inventario sin límite. Todo ello aplicable a cualquier compañía, sin distinguir tamaño ni historial de cumplimiento, y sin tomar en cuenta los mecanismos de autorregulación que el sector ya aplica.
Las representantes del proyecto fueron la legisladora Melanie Ross Levin y la senadora Stephanie Hansen. La DSA participó en la discusión con empresas del sector, entre ellas Amway, Plexus Worldwide y Mary Kay Inc.
Lo que queda sobre la mesa
Dave Grimaldi, presidente y consejero delegado de la DSA, enmarcó el desenlace como una muestra de método. «Este proceso muestra lo que puede pasar cuando los responsables de las políticas públicas y la industria se mantienen comprometidos y trabajan juntos los temas difíciles», afirmó.
Kim Drabik, vicepresidenta de asuntos corporativos de Plexus y presidenta del comité de relaciones gubernamentales de la DSA, situó el punto de partida en el consumidor. «Proteger al consumidor es un principio fundamental de la venta directa ética», señaló.
La asociación no dio por cerrada la discusión de fondo. Pese a las enmiendas introducidas durante el trámite, la DSA mantuvo objeciones a las disposiciones que vinculaban la compensación al reclutamiento en lugar de a la venta de productos al detalle, un punto que el sector considera la línea entre un modelo legítimo y uno cuestionable.
El episodio de Delaware funciona como referencia para otras legislaturas estatales que estudian normas parecidas. Marca qué exigencias resultan viables y cuáles el sector considera desproporcionadas, y deja un precedente sobre el terreno donde regulador e industria pueden encontrarse: la protección del consumidor como objetivo compartido y la venta al detalle, no el reclutamiento, como base de los ingresos.
Adaptado del artículo «DSA Works to Strengthen Consumer Protection Legislation in Wake of House Bill 162» publicado originalmente en Direct Selling News.
